¿SE VAN "LAS CAJAS"?

Sin duda alguna existen voces que proclaman que asistimos a una operación de derribo de “Las Cajas”; desde luego puede ser que sí pero puede ser que no, y también pudiese resultar ser la consecuencia de cómo y por qué nacieron, de cómo evolucionaron y de lo hoy representan, por si así fuera, me voy a limitar a tratar de biografiar el devenir de “Las Cajas”.

El origen de las cajas de ahorro está atado históricamente a las instituciones de tipo benéfico, especialmente a los “montes de piedad”. Instituciones ya presentes en el S. XV, con inspiración fuertemente religiosa. La finalidad del “Monte de Piedad”, como institución benéfico-social, era atender las demandas de las clases sociales más necesitadas de protección, a través de la concesión de préstamos gratuitos, es decir, libres de intereses, garantizados fundamentalmente con alhajas y ropas. En 1836 se plantea por primera vez el cobro de un interés en los préstamos concedidos, para cubrir los gastos de administración que generaba la actividad del Monte y para asegurar el futuro económico del mismo.

Algunos años después por “Real Orden” empiezan a fundarse las Cajas de Ahorro, con base en los “Monte de Piedad”, con una finalidad: Apoyar a colectivos poco atrayentes para la gran banca, como pequeños ahorradores, pequeñas empresas, pensionistas, comercios, jóvenes, etc. En definitiva y hasta bien entrado el S. XX, “Las Cajas” seguían siendo entidades meramente de ahorro y, a través de los “Monte de Piedad” constituían una parte fundamental del sistema financiero, dando cobertura a quienes no tenían más opción que empeñar sus bienes.

Enrique Fuentes Quintana (a quién debo mi inclinación por los temas fiscales ya que fue mi profesor de “Hacienda Pública” y me hizo entender la importancia y trascendencia de la fiscalidad), mediante lo que se conoce como “su reforma de 1977”, colocó a las Cajas en el mismo escalón de funcionamiento que los bancos, posibilitando así su rápido desarrollo con acceso a la distribución de productos y servicios vedados hasta entonces. Pero al mismo tiempo, pienso que lamentablemente, esa reforma vino a suponer la toma del control de las Cajas por parte de los partidos políticos, quienes, a través de los diversos organismos de la Administración Pública, introdujeron sus representantes en las Asambleas y Consejos de Administración.

Posteriormente, la llamada LORCA (ley 31/1985) dio presencia a las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de estas entidades. Así, el gobierno de las cajas de ahorro pasó a estar controlado en parte por gobiernos autonómicos y “agentes sociales” como los sindicatos.  Eso, junto a que “Las Cajas” tienen un estatus jurídico indefinido, permite que se conviertan en una especie de “bancos de desarrollo” al servicio de caprichos políticos (por ejemplo, el quebrado aeropuerto de Ciudad Real).

Saltando a los momentos actuales, la nueva legislación para el reforzamiento del sistema financiero, aprobada el pasado 18 de febrero (Real Decreto-Ley 2/2011), podría no ser suficiente para que las entidades logren mayores recursos propios, ya que pone el acento en la ratio de capital en lugar de en la transparencia en la valoración de los activos, mayoritariamente inmobiliarios en el caso de “Las Cajas”.

No es baladí reflexionar sobre la bondad del imperativo de elevar el ratio de recursos propios por encima del umbral marcado por Basilea III, lo que supone, además de un reconocimiento implícito de la falta de credibilidad del sistema en su conjunto, una desventaja para las entidades españolas frente a sus competidores internacionales.

Esta reforma legislativa viene a modificar la todavía muy cercana de julio de 2010, es una especie de “donde dije digo, digo diego”, y a pocos meses de haberlo dicho, lo que desde luego no transmite ni confianza ni credibilidad y donde uno de los, aparentemente, primeros objetivos de despolitización de estas entidades financieras aun no esté nada claro.

Muchas dudas y una gran sorpresa al informarme en torno a este tema; la sorpresa no ha sido otra que la de constatar la insospechada vigencia que en la actualidad mantienen los “Monte de Piedad”, a los que sigue acudiendo en pleno S. XXI un sorprendente número de personas en busca de dinero “contante y sonante” con el que “ir tirando” cuando los gastos superan los ingresos. Las oficinas del Monte de Piedad (como otros comercios de compraventa de oro y joyas) están en pleno auge, de hecho el Monte de Piedad se ha modernizado y cuando entras a sus oficinas, como en las del INEM, lo primero que has de hacer es coger número en función de la operación a realizar, en este caso “depositar, recoger o renovar”, y esperar a que en el luminoso aparezca tu numerito, que puede tardar más de una hora, y exponerte al mayor o menor grado de vergüenza que te pueda generar lo que allí vayas a hacer.

Creo que no es precisa la aclaración pero la expresión “depositar, recoger o renovar” implica acudir a dichas oficinas buscando dinero depositando a cambio una “prenda”, acudir dispuesto a reintegrar el dinero junto a sus intereses para recoger la “prenda” o renovar el acuerdo tratando de obtener un nuevo periodo y evitar la subasta pública que implicaría la pérdida de la “prenda”.

En definitiva, mi sensación personal, que no tiene porque ser correcta, es que todos estos movimientos normativos abren expectativas pero no cierran ninguna: se permite la privatización, pero no se exige; se permiten que muchas cosas cambien pero prácticamente desde la permisividad de que no cambie nada. Creo que asistimos a una falta de dirección y definición que puede llegar a perjudicar la reestructuración del espacio financiero español. Por ello y desde mi atalaya creo que asistimos a una ley deficiente para un modelo deficiente.