EL CHOCOLATE DEL LORO

Después de la entrada editada hace unos días bajo el título LA VUELTA AL “COLE”, un conocido me hacía la siguiente reflexión: “Volver de vacaciones y poder incorporarte a un trabajo no debiera ser un motivo de estrés a pesar de ese dichoso síndrome postvacacional, cuando, según la EPA (Encuesta de Población Activa), con cinco millones de parados debería considerarse una bendición”.

No voy a negar que el dato es estremecedor y refleja una situación social poco alentadora, en la que muchas personas lo están pasando mal, pero no es menos cierto que la imagen dramática que muestra dicho dato encubre o desfigura otras realidades que proliferan a la sombra de tan indeseable situación.

En un alarde lingüístico, por no llamarlo hipocresía social, hay quién pretende identificar una dualidad dentro de la “nociva” economía sumergida, como si una parte de ella debiese ser comprensible e incluso tolerable:

Para ello, hablan de la denominada economía informal, pretendida actividad económica de tipo alegal más que ilegal y fundamentada en una falta de control administrativo y una fuerte inclinación hacia la elusión fiscal. Ejemplos claros de esta categoría los encontraríamos en la venta ambulante espontánea, el servicio doméstico no declarado, el pago por reparaciones domésticas sin la contrapartida de factura o la infravaloración del precio escriturado en una compraventa inmobiliaria.

En la otra parte, la que abiertamente reconocen como economía sumergida propiamente dicha, encontramos actividades económicas claramente ilegales como el tráfico de drogas, la prostitución, el tráfico de armas, el blanqueo de capitales o la falsa facturación.

Desde luego, teniendo en cuenta que no soy nada docto en la materia, no me veo capacitado para evaluar el grado o nivel delictivo de todas esas actividades, sean alegales o ilegales, y mucho menos cuantificar que pena merecerían, pero lo que si tengo claro es que todas y cada una de ellas son un delito.

Es evidente, que en mayor o menor medida, todas ellas causan un daño patrimonial al Estado, mediante una minoración de los ingresos públicos, pero además, muchas de esas actividades convierten a sus actuantes en acreedores de unos derechos a beneficios sociales, subvenciones y subsidios, que de otro modo no podrían disfrutar y esta situación es curiosamente más posible en las actividades alegales con las que en teoría deberíamos ser más tolerables.

En el ánimo de dimensionar brevemente el problema tomaré como referencia un reciente estudio de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro) en el que se cifra la economía sumergida en el 22% del PIB, y mientras que el volumen de la economía, que podríamos denominar oficial, se ha duplicado en los últimos treinta años, la economía sumergida se ha cuadruplicado, y todo esto no es baladí pues estamos hablando de unos cuantos de miles de millones de euros cada año, que no pasan a formar parte del “sistema”.

Pero estas prácticas están tan extendidas que incluso llegan a reflejarse en el habla popular a través de múltiples acepciones, como: “pagar bajo cuerda”, “pagar en negro”, “pagar bajo la mesa”, “pagar en B”, “fuera de los libros” o el macabro concepto de “mercado negro” cuando alcanza actividades de contrabando propias del control aduanero.

Por último y por no hacer interminable el tema pasaré a la Administración Pública, tan rígida y quisquillosa ante la mayoría de los trámites precisos en operaciones cotidianas y fuera de toda sospecha y tan liviana y tolerante en otros aspectos con posibles repercusiones económicas en sus arcas. Solo un ejemplo como prueba: Para percibir la prestación contributiva por desempleo además de estar en el paro es preciso figurar de alta como demandante de empleo y este requisito ha de ser renovado cada tres meses, pero para ello es suficiente entrar en Internet en la Consejería de Empleo y sin necesidad de DNI o Firma electrónica cursar la renovación, la cual se produce de manera automática; para mí la trascendencia de lo que parece una facilidad administrativa, se traduce en que no es preciso que lo haga yo o incluso que puedo hacerlo desde Sídney mientras ejerzo cualquier actividad profesional, incluso altamente remunerada, sin dejar de percibir la prestación contributiva por desempleo.

Estoy convencido, que habrá muchos que calificarán el posible quebranto económico de alguna de estas actividades como el “chocolate del loro”, pero para mí es que estamos en un país en el que hay demasiados “loros” y por tanto consumen demasiado “chocolate”.

¿Generar riqueza? Claro que sí, ¿Crear empleo? Por supuesto, ¿Suprimir gastos innecesarios? Simple sentido común; pero… ¿Por qué nadie habla de combatir el fraude y suprimir privilegios y prebendas?, ¿O tal vez es por qué los que deben hacerlo verían cercenado su estatus? Probablemente sea “chocolate”, pero desde luego no son “loros” sino verdaderas “aves de rapiña”. ¿A caso necesitamos un Congreso, un Senado, 17 Cámaras Autonómicas, un sinfín de Diputaciones y Corporaciones Locales, miles de Ayuntamientos y una camarilla interminable de asesores a lo largo y ancho de tal maraña institucional?

No soy de cargar las tintas, pero si además tenemos en cuenta que “el currículo” de la mayoría de los que componen este batallón de “chupópteros” (expresión que hace unos años utilizaba el incisivo periodista José María García), tendrían muy difícil el encontrar un hueco en el mercado laboral actual, pues lo más inmaculado que tienen es eso, precisamente “el currículo”.